Fernando de la Rúa Bruno

Fernando de la Rúa Bruno
Mandato: 10 diciembre 1999 - 21 diciembre 2001
Nacimiento: Córdoba, provincia de Córdoba, 15 septiembre 1937
Defunción: Buenos Aires, 9 julio 2019
Partido político: Unión Cívica Radical (UCR)
Profesión: Abogado

Biografía

Realizó estudios de secundaria en el Liceo Militar General Paz y a los 21 años se graduó en Derecho, igualmente con altas calificaciones, por la Universidad de Córdoba. Posteriormente obtuvo el doctorado en dicho centro con una tesis sobre el recurso de casación en el Derecho argentino. Afiliado desde su juventud al partido Unión Cívica Radical (UCR), concretamente a la UCR del Pueblo (UCRP, si bien en 1966 hizo suya la sigla original) de Arturo Umberto Illia, así llamada para diferenciarse de la facción Intransigente (UCRI) de Arturo Frondizi escindida en 1955, durante la presidencia del primero entre 1963 y 1966 sirvió como asesor en el Ministerio del Interior. Con anterioridad y posterioridad a este cometido, su actividad profesional se centró en la abogacía. La carrera política de de la Rúa, católico practicante, tomó cuerpo de la mano de Ricardo Balbín, líder de la UCR desde 1957, y en abril de 1973 fue elegido senador federal por Buenos Aires. En las segundas elecciones presidenciales de aquel año, el 23 de septiembre, que confirmaron la mayoría social justicialista y repusieron a Perón en el poder tras 18 años en el exilio, integró como candidato a la Vicepresidencia la fórmula encabezada por Balbín, que obtuvo el 24,3% de los votos. Ejerció su mandato en el Senado hasta marzo de 1976, fecha del golpe militar que derrocó el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, viuda del general desde 1974. Luego del retorno del orden constitucional, de la Rúa optó, sin éxito, a la nominación del candidato presidencial de la UCR para las elecciones de octubre de 1983, que ganó Raúl Alfonsín, si bien consiguió ser elegido senador por segunda vez. Aunque en las elecciones de mayo de 1989, que devolvieron al poder a los peronistas bajo el liderazgo de Carlos Saúl Menem, de la Rúa revalidó su acta de legislador, hubo de cederla tras decidir el Colegio Electoral una reasignación de escaños en favor de las listas minoritarias. En 1991 fue elegido presidente del Comité capitalino de la UCR y en los comicios celebrados en septiembre de ese año ganó el mandato para la Cámara de Diputados, donde lideró el bloque radical, si bien en julio de 1992 retornó al escaño de senador porteño. El caso es que la UCR no levantaba cabeza en las urnas desde el varapalo sufrido en las legislativas de 1987, y esta tendencia regresiva se agravó a raíz del histórico Pacto de Olivos, firmado en diciembre de 1993 por el presidente Menem y Alfonsín para sancionar en el Congreso un paquete de reformas constitucionales que, entre otras novedades, introducía el mandato presidencial cuatrienal y reelegible. De la Rúa y otros dirigentes radicales se opusieron en su momento tanto al retorno de Alfonsín al frente del Comité Nacional del partido como a la reforma política pactada con los peronistas. Hito en su trayectoria política fue la elección el 30 de junio de 1996, derrotando con el 39,9% de los votos al entonces intendente, el peronista Jorge Domínguez, como gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer mandatario municipal elegido directamente por los bonaerenses (la novedad se contenía precisamente en la reforma política de 1994). El 6 de agosto tomó posesión del puesto. La victoria en la populosa capital por la UCR fue facilitada por el reciente conflicto interno en el Frente del País Solidario (Frepaso), pujante coalición que se había apuntado en la Capital Federal una serie de éxitos electorales. El Frepaso surgió en diciembre de 1994 como una alianza de centro-izquierda, integrando a varios partidos de la izquierda y a disidentes del Partido Justicialista (PJ, peronista) de Menem y de la propia UCR que a su vez se ubicaba en el centro del espectro político, siendo el Frente Grande del popular Carlos Alberto Chacho Álvarez, antiguo peronista de tendencia socialdemócrata, el más importante de sus miembros. Así, la fórmula de José Octavio Bordón (que en febrero de 1996 iba a sacar a su partido PAIS del Frepaso) y Chacho Álvarez rompió con el bipartidismo tradicional en las presidenciales del 14 mayo de 1995 y se situó por delante de la fórmula radical encabezada por Horacio Massaccesi, quien con el 17,1% del escrutinio registró la votación más baja del partido en toda su historia. Como alcalde porteño, de la Rúa construyó una imagen positiva de político moderado y honesto, de impecables convicciones democráticas y buen gestor. Entretanto, la UCR, consciente de su debilidad ante la progresiva fuga de militantes a la coalición frentista, aceptó trabajar conjuntamente con el Frepaso para desplazar al peronismo del Gobierno Nacional. Fruto de este acercamiento fue la creación el 3 de agosto de 1997 de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (ATJE), más conocida como simplemente la Alianza. Sumadas al proyecto otras formaciones menores progresistas y de ámbito provincial, la Alianza, presentando listas conjuntas en 14 de los 24 distritos electorales del país, se hizo en las elecciones del 26 de octubre de 1997 con un total de 107 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, quedándose a sólo 12 del PJ en el cómputo global considerando la mitad no renovada de la Cámara, si bien en cuanto a porcentaje de voto fue la primera fuerza con el 45,7% de los sufragios, aventajando en nueve puntos al partido de Menem. Además, la senadora frentista Graciela Fernández Meijide fue la cabeza de lista más votada en el distrito provincial de Buenos Aires, tradicional baluarte peronista, mientras que Carlos Álvarez hizo lo propio en la Capital Federal. El 6 de diciembre siguiente de la Rúa fue elegido por aclamación presidente del Comité Nacional de la UCR en sustitución de Rodolfo Terragno, quien a su vez había reemplazado a Alfonsín en 1995. El 11 de agosto de 1998 de la Rúa, Alfonsín, Terragno, Fernández Meijide y Álvarez comparecieron en una rueda de prensa para presentar la denominada Carta a los Argentinos, documento que resumía el programa aliancista y trataba de dar una imagen de unidad y de alternativa sólida al menemismo de cara a las elecciones generales de 1999. De la Rúa y sus asociados se comprometían a reducir el desempleo a la mitad (esto es, al 7%), a relanzar el sistema educativo, a distribuir más equitativamente la renta nacional y a luchar contra la corrupción; en suma, un programa fundamentalmente social que ofrecía respuestas en un terreno damnificado por las políticas neoliberales del peronismo en el poder. La prueba de fuego de la Alianza se planteó en las primarias del 29 de noviembre de 1998, abiertas a los afiliados (votaron más de dos millones de argentinos) en un ejercicio de democracia intrapartidista inédito en Argentina, para la elección del candidato conjunto a las presidenciales, siendo de la Rúa, que el 6 de diciembre de 1997 había obtenido la nominación de la UCR, y Fernández Meijide los aspirantes. De la Rúa, menos carismático que la diputada y antigua activista pro Derechos Humanos, e identificado con el sector conservador del radicalismo, se impuso no obstante con el 63,3% de los votos. Precisamente, estas presuntas carencias suyas -cautela, sobriedad, austeridad, monotonía- se revelaron como importantes virtudes a los ojos de un electorado deseoso de un cambio en el Gobierno de la nación, que durante la etapa menemista, aún reconociendo sus éxitos en la estabilización de la economía, había ofrecido una imagen excesivamente desordenada en la gestión de los recursos públicos, cuando no frívola y tolerante con la corrupción. El propio de la Rúa explotó su contrastado perfil con el eslogan electoral "La gente dice que soy aburrido". Confirmando las predicciones de los sondeos, en las elecciones del 24 de octubre de 1999 la fórmula de la Rúa/Álvarez ganó holgadamente con el 48,5% de los votos a su rival justicialista, integrada por Eduardo Alberto Duhalde y el cantante Ramón Palito Ortega. En las legislativas parciales la Alianza se situó como la fuerza más votada con el 43,6% de los sufragios y, con 124 actas, superó por primera vez en la Cámara de Diputados al PJ en número de escaños, si bien no alcanzó la mayoría absoluta. La ventaja obtenida por de la Rúa en la provincia de Buenos Aires (donde vive un tercio del electorado nacional) fue decisiva para el resultado global, si bien el peso del peronismo allí se reflejó en la victoria de Carlos Ruckauf en la elección simultánea al puesto de gobernador. El 10 de diciembre de 1999, un día después de entregar la gobernación de la Ciudad Autónoma a su segundo, Enrique Olivera, y siete días después de hacer lo mismo con la presidencia del Comité Nacional de la UCR al veterano Alfonsín, de la Rúa tomó posesión de su mandato cuatrienal en la jefatura de la nación, poniendo fin a una década de dominio peronista y situándose al frente del primer Gobierno de coalición en la historia del país. La UCR se quedó con ocho de los 10 ministerios, mientras que el Frepaso obtuvo las carteras de Trabajo y Acción Social. Desde el día de la victoria en las urnas, de la Rúa había prodigado las declaraciones contundentes sobre el final de los privilegios del poder y advertencias de que la impunidad de los corruptos no sería tolerada más. Pero aparte las promesas de moralización de la vida pública y de dedicación a los desfavorecidos, el presidente tenía ante sí una situación económica delicada, con una recesión del 3,4%, provocada por la caída de las exportaciones agrícolas y manufactureras como consecuencia de la fortaleza del peso, y un déficit fiscal muy abultado, de 7.100 millones dólares, cuyo recorte drástico solicitaba el FMI para proseguir con su programa de ayudas. La deuda exterior, pública y privada, se cuantificaba en los 170.000 millones de dólares. En este sentido, de la Rúa se comprometió a mantener lo esencial de las políticas de mercado y cambiarias de Menem, con la vigilancia de la inflación -virtualmente aniquilada y de hecho negativa en aquel momento- como divisa, aunque recalcó que haría una defensa del peso, ajustado paritaria e inamoviblemente con el dólar por la Ley de Convertibilidad heredada de Menem, con lo que la posibilidad de dolarizar completamente la economía, planteada por aquel en el último tramo de su mandato, quedaba descartada. El líder radical dijo estar dispuesto a aplicar un nuevo ajuste económico, consistente en subidas de impuestos, una mayor disciplina fiscal y recortes en los salarios de 140.000 trabajadores públicos (empezando por el suyo propio), pero esta vez terminando con las manifestaciones de latrocinio político-financiero y clientelismo, dando ejemplo moral a la sufrida ciudadanía desde la Casa Rosada. El 29 de mayo de 2000, luego de asegurarse el diálogo con la poderosa central sindical peronista Confederación General del Trabajo (CGT), de la Rúa divulgó los contenidos de un duro paquete de austeridad con el objetivo de equilibrar el presupuesto para 2003, lo que no sacó a la calle a miles de trabajadores convocados por sindicatos minoritarios, así como a dirigentes del PJ y a activistas de partidos de extrema derecha y extrema izquierda. En las propias filas aliancistas se produjeron signos de descontento por la política técnicamente continuista de de la Rúa, todo lo cual revelaba un pronto desencanto en la sociedad argentina por las primeras disposiciones del nuevo Gobierno y auguraba futuros contratiempos. El 30 de junio de 2000 de la Rúa dirigió en Buenos Aires su primera cumbre presidencial del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la XVIII de esta organización lanzada en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En este encuentro, el mandatario argentino propuso avanzar en la integración regional con una carta social, como complemento a la unión aduanera en el ámbito comercial. El documento fue suscrito por sus tres colegas, así como por los presidentes de Bolivia y Chile, invitados a la cumbre. En un sentido general, de la Rúa consideraba perentorio avanzar aún más en la integración de las cuatro economías, ya que, como la recesión argentina estaba demostrando, las perturbaciones a la baja en los intercambios comerciales por coyunturas internas repercutían dramáticamente en la producción de los socios proveedores. En agosto de 2000 la crisis estalló en el Gobierno por las graves acusaciones al ejecutivo sobre sobornos millonarios a senadores peronistas, e incluso aliancistas, al objeto de sacar adelante, cuatro meses atrás, la polémica reforma del mercado de trabajo, que entre otras novedades suprimía el control sindical sobre los regímenes de la Seguridad Social. En las denuncias interpuestas en los tribunales federales se acusó sobre todo al ministro frentista del Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de los servicios de inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes, un banquero miembro de la UCR y amigo personal del presidente. Al principio, de la Rúa restó magnitud al asunto, pero ante la polvareda levantada hubo de salir al paso y señalar que si algún colaborador había transgredido sus funciones sería "separado sin contemplaciones y puesto a disposición de la justicia". El vicepresidente Álvarez advirtió que la Alianza había nacido para acabar con la corrupción y el 6 de octubre, horas después de que de la Rúa hiciera una remodelación del Gabinete que desencantó a los partidarios de depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias, presentó la dimisión. Álvarez negó que se tratara de la ruptura de la Alianza y dejó claro que el Frepaso seguiría trabajando con la UCR desde el Congreso. En el cambio se quedó fuera, por dimisión, Terragno como jefe del Gabinete; Santibañes mantuvo de momento su puesto y Flamarique cesó en el suyo, pero porque fue promocionado a secretario general de la Presidencia. Sin embargo, la dimisión de su jefe de partido al día siguiente le arrastró a él también. El 20 de octubre resignó a su vez Santibañes, sometido a fortísimas presiones. De la Rúa salió debilitado de estas mudanzas, perdió autoridad dentro de la Alianza y además recibió críticas desde fuera por imponer un sesgo proteccionista a la política económica del Gobierno. Por lo demás, el año acabó con un decrecimiento del 0,5% del PIB y una tasa de paro del 15%, mientras que otro tanto de la población en edad de trabajar estaba subempleada. El mandatario radical comenzó 2001 con todas las luces de alarma, económica, financiera y social, encendidas. La constatación de que el nuevo mandatario era incapaz de atajar la crisis, claramente estructural luego de una década de liberalismo a ultranza que no había creado verdadera riqueza nacional, y de regenerar los hábitos arraigados en la función pública, hizo cundir un profundo pesimismo que testimonió la destrozada clase media, a la sazón votante tradicional de los radicales, con sus largas colas en las embajadas de Italia o España para obtener un visado que le permitiera abandonar el país. Se habló de un retroceso histórico en la realidad socioeconómica de Argentina, una suerte de "latinoamericanización" de un país que durante décadas, gracias a la distribución de la renta nacional, poseyó unas extensas clases medias perfectamente homologables a las de las sociedades europeas desarrolladas. Los observadores apuntaron que si hacía una década lo que atemorizaba a los argentinos era la hiperinflación y el caos de los precios, ahora lo era la pérdida del empleo y el derrumbe del poder adquisitivo. No había oportunidades de mejora material de los ciudadanos, pero para de la Rúa y su equipo de Gobierno (que no la dirigencia, escorada al izquierdismo, de la UCR) tampoco existían alternativas, excepción hecha de las concesiones populistas, al modelo menemista de ortodoxia liberal, a saber, la disciplina cambiaria y el compromiso con el pago de la deuda. El nuevo ministro de Economía en sustitución de José Luis Machinea desde el 5 de marzo, Ricardo López Murphy, anunció un programa de austeridad consistente en más recortes del gasto público y el final de algunas exenciones fiscales, pero no vio la luz ante la contestación general suscitada en el país. A mediados de marzo el presidente ofreció a la oposición un "acuerdo político nacional" que produjera un gobierno con poderes especiales para capear la crisis, pero el único partido que respondió positivamente fue la conservadora Acción por la República (ApR) de Domingo Felipe Cavallo, tercer candidato más votado en las presidenciales de 1999 y el ministro de Economía que en 1991 dio cerrojazo a la hiperinflación con su Ley de Convertibilidad. El 19 López Murphy dimitió a las dos semanas de su nombramiento y 24 horas más tarde le sucedió Cavallo, que el 29 fue investido por el Congreso, a regañadientes, de poderes especiales que de hecho le iban a permitir gobernar por decreto. De la Rúa, personalmente contagiado de la inercia y la crisis de liderazgo políticos, depositó todas sus esperanzas en el famoso superministro, tan prestigiado como vituperado, que se disponía sacar al país de la recesión como una década atrás lo había hecho de la pesadilla inflacionaria. Dejando intocada su criatura legal, la convertibilidad entre el peso y el dólar, y con el nuevo instrumento de la Ley de Competitividad, Cavallo delineó un plan económico con vocación de estructural que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir los gastos públicos y suntuarios del Estado y aumentar los ingresos, a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda exterior. La reforma fiscal contemplaba alzas arancelarias sobre las importaciones de bienes de consumo de fuera del MERCOSUR y rebajas de las que gravan las importaciones de bienes de capital, teniendo como meta la erradicación del déficit público, previsto en 6.000 millones de pesos a fin de año. Todo ello, con la voluntad firme de asumir los compromisos financieros más urgentes, las amortizaciones de deuda a medio y corto plazo por valor de 4.500 millones de dólares hasta final de año, y de 17.000 millones más para 2002, a los que habían que añadir otros 11.000 millones en intereses. De la Rúa y Cavallo dejaron claro que en lo sucesivo el Estado solo iba a gastar lo que recaudara y que no se iba a endeudar más; el débito consolidado, federal y provincial, ascendía ya a los 150.000 millones de dólares. El 8 de junio de la Rúa se sometió a una operación de angioplastia en la arteria coronaria y en la calle el deterioro social proseguía imparable. La clase obrera se lanzó a una serie de huelgas y disturbios en protesta por los bajo salarios y las malas condiciones laborales. La bolsa de Buenos Aires, evocando el nerviosismo y la desconfianza de los inversores en las seguridades de Cavallo sobre que el peso no se devaluaría y que las deudas del Estado serían pagadas, registró desplomes sucesivos mientras que la prima de riesgo, que mide la confianza en la solvencia del país, se elevó hasta convertir a Argentina a los ojos de las instituciones financieras en el país del mundo más susceptible de suspender pagos, poniéndose por delante de Nigeria. De semana en semana se conocían noticias negativas, como la declaración de quiebra de Aerolíneas Argentinas, que en un 90% controlaba el Estado español (21 de junio), y el fuerte descenso del índice interanual de recaudación tributaria. En julio se dispararon las retiradas de efectivo en pesos y las compras de dólares por los ahorradores. De la Rúa exhortó al "esfuerzo patriótico" de todos los argentinos para salir de la dramática situación y afirmó que los defraudadores fiscales serían tratados "como criminales de la peor especie", pero sus enérgicos discursos a la nación fracasaron en la empresa de recabar apoyos a un ejecutivo desprestigiado, agravándose a ojos vista la soledad política del presidente. Que en general se reconociera que de la Rúa había "tomado los mandos del Titanic cuando el buque ya estaba en trayectoria de colisión" no le eximía de censuras en un momento delicado que demandaba acciones resolutivas, tanto económicas como políticas. Nuevos y desesperados llamamientos a la formación del Gobierno de unidad nacional cayeron en saco roto, pues los peronistas no estaban dispuestos a asumir una cuota de responsabilidad en disposiciones tan impopulares como el recorte en un 13% de los salarios de los funcionarios y de las pensiones de jubilación superiores a los 500 pesos. Incluso en la UCR, el ex presidente Alfonsín hizo gestiones particulares con los sindicatos, puenteando las iniciativas gubernamentales. Un respiro supuso la aprobación el 30 de julio por el Senado, tras un extenuante tira y afloja con los gobernadores provinciales peronistas, y con el respaldo de los dos principales inversores en Argentina, España y Estados Unidos, y de los agentes financieros internacionales, del plan de emergencia del Gobierno centrado en la denominada Ley de Déficit Cero, pero al precio de colocar al borde de la ruptura a la coalición oficialista -de todos modos ya más nominal que otra cosa- y a la propia UCR, y de sembrar la efervescencia en las calles. En virtud a las últimas medidas adoptadas, De la Rúa y Cavallo afrontaron con optimismo las negociaciones con el FMI y otros proveedores de fondos para financiar la reestructuración de los adeudos. Una señal esperanzadora fue el anuncio por el FMI el 22 de agosto de su disposición a conceder un crédito de 8.000 millones de dólares, suplementario a los dos acordados desde diciembre de 2000 (de 40.000 millones y 20.000 millones), para respaldar las reservas internacionales y un nuevo canje de títulos de deuda pública. El FMI advirtió que miraría con lupa la ejecución del durísimo plan de ajuste, el séptimo desde la toma de posesión de de la Rúa en 1999, y que a la Ley de Déficit Cero tendrían que plegarse tanto el presupuesto federal como, mediante un régimen fiscal de coparticipación reformado, los de las provincias, calificadas por este organismo de "fuente significativa de rigidez e ineficiencia en las finanzas públicas". Las elecciones del 14 de octubre a la mitad de los diputados de la Cámara y a la totalidad de los senadores precarizaron más aún a de la Rúa al perder la Alianza la mayoría en la cámara baja: con el 37,4% de los sufragios, los justicialistas ganaron 66 de los 127 escaños en disputa frente al 23,1% y los 35 escaños obtenidos por los aliancistas, quedando el reparto final en 116 diputados para los primeros y 88 -si bien radicales la gran mayoría- para los segundos. En el Senado, la Alianza vio incrementada su minoría hasta los 25 escaños, 15 menos que el PJ. La Alianza perdió más de 20 puntos porcentuales con respecto a las legislativas de 1999, y, a tenor de las encuestas, si se hubiesen celebrado presidenciales por de la Rúa habría votado menos de la quinta parte de los electores. La continuidad en el cargo de de la Rúa, primer mandatario argentino con las dos cámaras en contra, iba a depender de su entendimiento con el PJ. Pero no menos significativo fue el alcance del denominado "voto bronca", las papeletas nulas y en blanco, que sumaron el 21,1%; añadido al 26,3% de la abstención, resultó que los electores que de una u otra forma rechazaron los comicios se acercaron al 50% del censo, cifra sin precedentes e indicativa de la irritación y el hastío populares. De la Rúa asumió el varapalo electoral como una demanda de cambio de rostros en el ejecutivo, pero la principal diana del descontento, Cavallo, siguió contando con su confianza. El primero de noviembre el ministro presentó al FMI un nuevo plan de reformas estructurales con el objetivo inmediato de rebajar los tipos de interés del peso para aliviar el coste de la deuda y poder liberar recursos para la reactivación económica. Asimismo, reiteró que Argentina "nunca" iba a dejar de pagar sus débitos, y acusó a las provincias de tener una alta responsabilidad en la debacle por la gestión populista de sus finanzas y a Brasil de ser un socio "desleal" en el MERCOSUR por las devaluaciones competitivas de su moneda, el real. Aquel mes, la incapacidad de las provincias y el Gobierno Nacional, que había suspendido las transferencias netas del Estado como consecuencia de la Ley de Déficit Cero, para renovar la coparticipación fiscal, retrasó la aplicación del octavo plan de ajuste y puso al país al borde de la suspensión de pagos, anulando lo que de positivo pudiera tener la obtención del primer superávit mensual, de 124 millones de dólares, en las cuentas del Estado. De la Rúa anunció un plan de ahorro de 4.000 millones de dólares en el pago de los intereses de vencimientos de la deuda en 2002 mediante la reducción del 11% al 7% de los tipos de interés de los bonos, así como de descuentos en la cotización obligatoria y de devolución del 5% del IVA en compras minoristas con tarjeta de crédito, el cual presentó como un "nuevo contrato social entre el Estado y los argentinos", en respuesta "a sus reclamaciones en las últimas elecciones". El 8 de noviembre viajó con Cavallo a Estados Unidos para reunirse con el presidente George W. Bush y los inversionistas privados. Esta batería de medidas sirvió sólo para calmar los mercados unas pocas horas, mientras que el FMI, escéptico, no se avino a adelantar los tramos de la ayuda acordada. Había una aguda crisis de confianza en las instituciones y la población se lanzó a los bancos a vaciar sus cuentas. La avalancha de reintegros en efectivo puso al sistema financiero al borde del colapso, induciendo el 1 de diciembre al Cavallo a decretar, con el respaldo pleno del presidente e invocando los poderes especiales otorgados por el Congreso, el estado de excepción monetario: todos los depósitos bancarios quedaban parcialmente inmovilizados durante 90 días; los ahorradores sólo podrían retirar en efectivo un máximo de 250 pesos o dólares a la semana, teniendo que usar tarjetas de crédito o débito y talones para operaciones de importes superiores, y los que viajasen al exterior sólo podrían llevar consigo un máximo de 1.000. La draconiana medida, en vigor el 3 de diciembre, y conocida en la calle como el corralito, implicaba un primer paso hacia la dolarización, pues apuntaba a la transformación automática a dólares de los depósitos en pesos y la prohibición de conceder más créditos en esta moneda para evitar los ataques especulativos contra la divisa argentina. También suponía un golpe mortal a la economía sumergida, que sólo conoce el cobro y el pago en efectivo al margen del sistema financiero y en la que se movía el 47% de los argentinos. Los analistas calificaron la intervención monetaria de parche desesperado -en las 24 horas previas a su anuncio se habían cancelado depósitos por valor de 700 millones de dólares- que no disipaba los peligros de la suspensión de pagos y la devaluación, amén de abonar el desasosiego popular y de empeorar la recesión por el desplome del consumo y la actividad económica. Además, la Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, pues el Banco Central ya sólo contaba con la tercera parte de las reservas líquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos en manos de los 37 millones argentinos. Llegado a este punto crítico, al Gobierno de de la Rúa se le planteaban tres salidas para recuperar la confianza: dolarizar plenamente la economía renunciando al peso, lo que hundiría las perspectivas de una recuperación económica; romper la paridad y devaluar la moneda, con implicaciones gravísimas sobre particulares y empresas que se habían endeudado en dólares (la gran mayoría, ya que los tipos de interés del peso eran astronómicos), o recibir un préstamo de urgencia del FMI, posibilidad poco verosímil. El 5 de diciembre, mientras el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelaban préstamos por 2.400 millones de dólares, de la Rúa aprobó una modificación para hacer más digerible la medida consistente en el aumento de los topes a 1.000 pesos o dólares en los reintegros de efectivo a la semana y a 10.000 en las cantidades expatriadas. El 6 de diciembre Cavallo reconoció que el país se hallaba en "virtual suspensión de pagos" y se trasladó de urgencia a Washington para negociar con el FMI, a la postre infructuosamente. El 11 de diciembre siguieron nuevas restricciones sobre el dinero, la limitación a dos las cuentas corrientes por ciudadano y la retención por los bancos del 75% de los nuevos depósitos de sus clientes (coeficientes de cajas, para evitar transferencias masivas de una entidad a otra), abiertos por cientos de miles en pocos días para burlar las cortapisas del 3 de diciembre. Los emplazamientos del presidente a los actores sociales y los partidos para que se sumaran a un pacto político nacional no prosperaron, toda vez que los sindicatos, inclusive las dos facciones de la central peronista Confederación General del Trabajo (CGT), consideraban inútil el diálogo con el ejecutivo en tanto siguiera en él Cavallo y se proponían derribarlo mediante movilizaciones y paros, y que ningún dirigente del PJ quería echar un capote a un presidente radical tocado y en minoría parlamentaria. El 13 de diciembre la huelga general, la séptima del mandato de de la Rúa, contra las últimas medidas bancarias paralizó el país y estuvo acompañada de incidentes violentos en forma de hurtos de comercios, incendios provocados y choques con las fuerzas del orden público. Al Gobierno se le empezó a escapar de las manos el control del país y la asistencia del FMI no se concretó por la falta de acuerdo sobre el presupuesto federal equilibrado de 2002 y el pacto fiscal con las provincias. El 14 venció deuda por valor de 700 millones de dólares y el Gobierno consiguió abonarla in extremis, evitando declararse en bancarrota, con una fórmula harto alambicada: recurriendo a los fondos de pensiones de los ciudadanos gestionados a plazo fijo, previamente convertidos en letras del tesoro en lo que el propio Cavallo calificó de "confiscación". Entonces, el paro excedía el 18% y se estimaba que ya 14 de los 36 millones de habitantes vivían en la pobreza. Se esperaba una contracción para el conjunto del año del 3,5% del PIB. La situación era explosiva y recordaba la víspera de los motines populares de mayo 1989, que adelantaron el final de mandato de Alfonsín. El temido estallido social prendió el 19 de diciembre, cuando cientos de personas, justificándose en que tenían que comer, se lanzaron al asalto de tiendas y supermercados en todo el país. Unas horas de saqueos y desmanes sumamente violentos bastaron para que el Gobierno en pleno presentara la dimisión y de la Rúa, que "aceptó" sólo la resignación de Cavallo, declarara el estado de sitio y la consiguiente suspensión de garantías constitucionales en aplicación del artículo 23 de la Carta Magna. La Presidencia acusó a organizaciones extremistas de derecha e izquierda de atizar y manipular las algaradas con objetivo político, explicación convincente para el caso de algunas expresiones de vandalismo a cargo de guerrilleros urbanos. Pero a lo que se asistió fue más bien a una demostración espontánea de cólera y desesperación de una clase media del todo ajena a violencias que, por primera vez, se lanzaba a la calle por necesidad y para exigir la partida de sus gobernantes, en una rebelión sin precedentes contra toda una clase política sin distingos de siglas largamente tachada de demagógica, clientelista y corrupta. Buenos Aires se convirtió en una ciudad sin ley donde se instalaron el miedo y la confusión más absolutos. El día 20 prosiguieron las caceroladas, los saqueos y los enfrentamientos, y la central sindical Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) mantuvo la convocatoria de huelga general de 36 horas en desafío a las medidas de excepción. De la Rúa, recluido en la Casa Rosada mientras en el exterior se libraba una batalla campal entre manifestantes y fuerzas del orden, se dirigió a la nación pidiendo a los revoltosos que depusieran la violencia y a la oposición justicialista que, "con valentía y patriotismo", se integrara en un ejecutivo de concentración nacional en el que dispondría de un alto poder de decisión para "reformar la Constitución y el sistema político". La dirigencia peronista no respondió al envite, y en la tarde-noche de la Rúa compareció por tercera vez para notificar su dimisión después de firmarla para su remisión al Senado, abandonando acto seguido el palacio presidencial en un helicóptero que lo llevó a la residencia oficial de Olivos. La partida del político radical al cabo de 48 horas de caos que dejaron 27 muertos en todo el país (la mayoría por disparos de dueños de establecimientos que los defendían de las hordas de saqueadores) principió una cadena de mudanzas en el poder ejecutivo que, a la postre, derivó en crisis institucional, la más grave en democracia conocida por Argentina. Con de la Rúa, continuó, por tanto, la suerte de fatalidad que persigue a los presidentes argentinos radicales desde 1928, ninguno de los cuales ha conseguido agotar su mandato constitucional: Hipólito Yrigoyen en 1930, Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Ilía en 1966 fueron desplazados por sendos golpes militares, mientras que Raúl Alfonsín, como se apuntó arriba, hubo de acelerar el traspaso presidencial en 1989 a causa de la calamidad económica. El 21 de diciembre la Asamblea Legislativa -esto es, las dos cámaras del Congreso reunidas en sesión conjunta- aceptó la dimisión de de la Rúa y, puesto que el cargo de vicepresidente estaba vacante también, asumió la jefatura de la nación en funciones el presidente provisional del Senado, el peronista Federico Ramón Puerta, que había sido elegido para el puesto el 29 de noviembre en una imposición de su mayoría parlamentaria por el PJ, donde primaban por encima de todo las ambiciones de poder de sus barones provinciales. La única función de Puerta consistió en convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea para designar un presidente interino, cosa que sucedió el 23 de diciembre, por consenso de los principales jefes peronistas, en la persona de Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, que recibió mandato hasta el 5 de abril de 2002, fecha en que debía entregar el mando al presidente salido de unas elecciones anticipadas al 3 de marzo. De la Rúa, que regresó fugazmente a la Casa Rosada el 21 por la mañana, dos horas antes de que la Asamblea formalizara su dimisión, para derogar el estado de sitio (luego reinstaurado por Puerta), reprochó la actitud de los peronistas e implícitamente reconoció que el decreto del corralito había precipitado su caída. En la misma jornada, una juez federal prohibió al ex presidente abandonar el país para investigar la presunta relación de altos funcionarios con la represión policial de los últimos días, ya que dos fiscales habían presentado contra él y sus colaboradores sendas acusaciones por "homicidio reiterado, lesiones y presunto abuso de autoridad".